Alcaldía de Medellín advierte sobre consecuencias de traslado de investigadores del CTI

Se privilegia la impunidad en estos casos, señala la Alcadía de Medellín, mediante comunicado público.
En relación con la resolución de la Fiscalía General de la Nación en la que se determina reubicar por fuera de Medellín a 159 investigadores del CTI quienes estaban al servicio de la ciudad, la Alcaldía de Medellín manifiesta que:
1. Respeta las decisiones autónomas que se tomen en una institución tan importante para este país como la Fiscalía General de la Nación pero manifiesta su preocupación por los efectos negativos que esta determinación pueda tener en los significativos avances en la estrategia de seguridad para la ciudad y en los logros en la defensa y la protección de la vida.
2. Esta decisión de la Fiscalía tiene como consecuencia que un total de 159 investigadores con funciones de Policía Judicial, quienes estaban asignados a unidades relacionadas con la lucha contra hurtos y homicidios y al CAIVAS (Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual) saldrán de la ciudad hacia otros municipios del Departamento.
3. Para las autoridades locales, en cabeza de la Administración Municipal, esta medida puede conllevar a que los procesos de investigación que adelantaba este importante número de servidores del CTI se afecten y se privilegie la impunidad.
4. Hace un llamado respetuoso al señor Fiscal General de la Nación para que evalúe esta situación y defina mecanismos equitativos con una ciudad que ha sido afectada históricamente por la delincuencia organizada.
5. Uno de los principales retos de nuestro país y nuestra ciudad se centra en disminuir los altos niveles de impunidad, para lo cual se debe fortalecer la Justicia y para ello es necesario descongestionar los despachos de los fiscales y dotarlos de los medios que les permitan mayor efectividad.
6. La opinión pública reconoce los esfuerzos que hemos liderado en los últimos tres años para enfrentar a las organizaciones delincuenciales. Hemos invertido recursos históricos que superan los $19.710 millones, los cuales han fortalecido la relación y coordinación con los organismos de seguridad y justicia para atacar de manera frontal la delincuencia.