Tras la expulsión de un grupo de colombianos a quienes las autoridades argentinas impidieron el ingreso a ese país en las últimas horas, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, consideró oportuna la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para revisar cada caso en particular, y dijo que es a través de los canales diplomáticos como se deben aclarar las razones por las cuales bajo el argumento de sospecha fundada, se tomó esa decisión. En diálogo con las personas afectadas, la Defensoría del Pueblo estableció que sin explicación alguna, fueron separados de la fila de inmigración y sometidos a rigurosos interrogatorios, no obstante que sus documentos (según lo manifestaron los mismos pasajeros) estaban en regla. Los testimonios recogidos por la Entidad y por los medios de comunicación, indican que los connacionales fueron maltratados, pues permanecieron cerca de 17 horas bajo estricta vigilancia, al punto que no podían conversar entre ellos, y sin la posibilidad de tomar alimentos distintos a un pequeño refrigerio, que aparentemente no estaba en las mejores condiciones.
Los pasajeros del vuelo AV-965 que arribó a las 4 y 22 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre a Buenos Aires, manifestaron a la Defensoría que fueron engañados, pues la Junta del Contralor Migratorio de Ezeiza los habría obligado a firmar un acta de rechazo, sin que les informaran que iban a ser devueltos a Colombia, como al final sucedió a través de otro itinerario con llegada a la madrugada de este jueves. Los documentos conocidos por la Defensoría del Pueblo resaltan la condición de sospecha fundada sin explicación adicional, y enfatizan que no se autoriza el ingreso ni se admite en categoría migratoria alguna a estos ciudadanos, procede a su rechazo y reconducción fuera del territorio argentino y advierte sobre la verificación de que abandonen ese país.
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